Dicen que hay que luchar contra la despoblación. Que los pueblos son el futuro. Que hay que mantener vivos los servicios, atraer familias, facilitar que la gente pueda quedarse a vivir donde nació.
Lo dicen en congresos. En estrategias. En planes. En discursos.
Pero luego llega la realidad.
Y la realidad es que los pequeños ayuntamientos llevamos años sobreviviendo a decisiones tomadas muy lejos de nosotros. Decisiones que nunca consultan a quienes después tenemos que asumir sus consecuencias.
No pedimos privilegios. Pedimos simplemente poder funcionar.
Hace unos meses se desarrolló un proceso de estabilización de los secretarios-interventores interinos. Un objetivo, en principio, razonable: dar estabilidad laboral.
Pero la estabilidad fue para las personas. No para los municipios.
Muchos secretarios que conocían perfectamente sus ayuntamientos obtuvieron plaza en otros destinos. Los pueblos pequeños, los más alejados, los que nadie suele elegir, quedaron vacíos de un día para otro.
Y detrás de cada plaza vacía no hay un número. Hay un Ayuntamiento. Hay vecinos, hay expedientes, hay subvenciones, hay cuentas y hay contratos.
Hay obligaciones legales.
Después llegaron nuevos nombramientos. Personas con toda la ilusión del mundo, pero sin experiencia, sin tiempo para aprender y sin nadie que pudiera explicarles cómo estaba cada Ayuntamiento.
Porque cuando un secretario se marcha no deja únicamente una silla vacía. Deja procedimientos abiertos, problemas pendientes o expedientes sin terminar. Conocimiento que desaparece con él.
Y eso no aparece en ningún decreto.
Nuestra nueva secretaria apenas pudo empezar a conocer el Ayuntamiento cuando tuvo que coger una baja médica.
No es una crítica hacia ella. Al contrario.
Probablemente ha sido otra víctima más de un sistema que exige a personas sin experiencia asumir responsabilidades enormes desde el primer día.
Ahora, para que el Ayuntamiento pueda seguir funcionando, debemos incorporar otra secretaria.
Y aquí aparece el absurdo. Durante un tiempo debemos mantener económicamente dos plazas.
Para eso sí se nos permite modificar el presupuesto.
Para garantizar que los vecinos tengan más servicios, muchas veces no.
Es difícil explicar esto a quien vive en una gran ciudad.
En un pequeño municipio cada euro cuenta. Cada modificación presupuestaria significa renunciar a algo.
Renunciar a una inversión, a una mejora, a un servicio, a una actividad para nuestros mayores. A un arreglo o a una oportunidad.
Mientras tanto, desde otras administraciones seguimos escuchando la misma respuesta:
«Es la normativa»
Como si una norma pudiera justificar cualquier consecuencia.
Como si el hecho de que algo sea legal significara automáticamente que sea justo.
Los ayuntamientos pequeños cumplimos, respondemos. Sacamos adelante proyectos, justificamos subvenciones, abrimos nuestros edificios todos los días y atendemos a nuestros vecinos.
Lo hacemos con presupuestos mínimos, con recursos limitados y, muchas veces, gracias al compromiso personal de quienes creemos que merece la pena mantener vivos nuestros pueblos.
Pero también tenemos un límite.
Porque llega un momento en el que uno deja de sentirse ayudado y empieza a sentirse abandonado.
No pedimos trato de favor. No pedimos excepciones.
Pedimos que alguien, alguna vez, diseñe las normas pensando también en quienes vivimos en los pueblos pequeños.
Porque cada decisión administrativa que parece insignificante desde un despacho puede convertirse aquí en un problema imposible de resolver.
La despoblación no siempre empieza cuando una familia se marcha. A veces empieza mucho antes.
Empieza cuando las administraciones convierten en heroico algo que debería ser simplemente normal: gestionar un pequeño Ayuntamiento.
Y ese heroísmo, creedme, también se agota.
Armando Soria, Alcalde de Urriés
